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La ley que regula el estado de los presos cumple cuatro décadas y varios expertos en derecho penitenciario hablan de posibles reformas, así como de su funcionamiento durante este tiempo. Además, los ensayos clínicos y los recortes laborales recientes han avivado el debate.

La Ley Orgánica de Penitenciarias cumple cuatro décadas. Fue la segunda medida de carácter orgánico aprobada en democracia tras la muerte de Franco, sabedores de la importancia de legislar en torno a los derechos y situación de los presos, vilipendiados durante la dictadura.

Necesitada de 176 votos afirmativos, la ley recibio 284 votos, con sólo dos abstenciones y ningún voto en contra. Apenas hubo enmiendas y los diarios de la época recogen que los partidos catalanes –Minoría Catalana– consiguieron que los centros penitenciarios dependieran, además del Estado central, de las Comunidades Autónomas.

En estos cuarenta años la Ley Orgánica de Penitenciarias ha recibo dos reformas de calado: una en 1995 con Felipe González y otra en 2003, con José María Aznar. “La última reforma de 2003 fue la que introdujo fundamentalmente dos modificaciones radicales. La primera y más importante fue el límite máximo de cumplimiento de la pena privativa de libertad en determinados casos de acumulación de penas por varios delitos, y en segundo lugar, las condiciones para acceder al tercer grado y a la libertad condicional“, cuenta Maite Pozo, jefa de la Sección Penal de Aránguez Abogados.

“Lo que pretendía la reforma del 2003 de la Ley Penitenciaria, y en parte dio respuesta, dicho en pocas palabras, fue endurecer las condiciones de cumplimiento de los autores de varios delitos con condenas elevadas, que a juicio del legislador, merecen una mayor pena, y de otro lado, limitar la discrecionalidad del juez para el cumplimiento de la pena del reo”, concluye.

Por su parte, el abogado y miembro de la directiva del grupo de derecho penal y penitenciario del ilustre colegio de Granada, Torcuato Labella, cree que la ley está “anticuada”: “Los presos no tienen una reinsercción adecuada. Los que tienen penas de ocho o nueve años, cuando salen vuelven a delinquir”, cuenta el letrado. La Ley Orgánica empieza asegurando que su “fin primordial” es “la reeducación y la reinserción social de los sentenciados”, aunque el concepto reinsercción no tiene una definición clara. “Hay que definir correctamente el concepto en la ley para que tengan que protegerles más”, concluye Labella. En torno al 31% de los presos vuelven a delinquir, según Javier Nistal Burón, Subdirector General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria. Además, Labella asegura que le resulta muy costoso conseguir el tercer grado para los extranjeros: “No sé a que se debe, pero es díficil obtenerlo”, declara. 

José Luis Castro, juez de Vigilancia Penitenciaria Audiencia Nacional, observa necesarias actualizaciones en una ley que considera paradigmática: “La ley del 79 es extraordinaria, muy positiva y ha sido copiada en todo el entorno europeo y latinoamericano. El espíritu de la ley hay que mantenerla, aunque se lleven a cabo actualizaciones. Hay que fomentar el espíritu a través de aumentar profesionales, mejores medios y hacer una renovación al amparo de la realidad actual”, asegura el juez.”En los noventa teníamos delincuencia por necesidad; hoy son organizaciones criminales y corrupción”

La realidad actual se debe a un cambio sustancial en los modelos de criminalidad. Igual pasa con la definición de los centros penitenciarios, que necesita una actualización ya que los que se formaron a partir de 1991 quedan fuera de la definición, que ya queda anticuada. Algo que es clave es que se cree una norma de procedimiento. No puede existir una Ley Orgánica sin norma de procedimiento, y esa es la gran carencia del sistema penitenciario. Es necesario que la Ley Orgánica vaya acompañada de una ley de procedimiento, garantista y donde se indique cuales son las prácticas”, opina Castro.

Una de las propuestas de reforma más llamativa, solicitada por Unidas Podemos, En Comú Podem y En Marea, es la que tiene lugar sobre el régimen de visitas de hijos menores de edad a presos, así como la situación de las mujeres que dan a luz en prisión. La medida propone mayor flexibilidad en los horarios de visita de los menores a sus padres, así como generar una relación más cercana para evitar “traumas” en los menores al tener que verse envueltos en este tipo de encuentros. “Pese a ser un sistema donde se dan garantías, es cierto que se dan circunstancias muy mejorables cuando hablamos de un tema tan delicado como son menores dentro del contexto de un régimen penitenciario. Conciliar por un lado menores y prisiones no es fácil y actualmente, lamentablemente demasiado a menudo, va en detrimento del interés del menor y de una necesidad muy básica, que es la de estar en contacto con sus progenitores, de ambos progenitores. Además hay otro aspecto a tener en cuenta; no es una práctica uniforme en todos los centros, depende mucho de la prisión en cuestión. Lo que propone el proyecto de ley es justamente poner en valor ésta necesidad humana de desarrollo personal en las mejores condiciones posibles, me refiero a un contacto físico directo entre hijo y progenitor, sin barreras ni elementos que hagan recordar inequívocamente que se trata de una prisión. No podemos olvidar una cuestión; es el progenitor el que está cumpliendo condena, no el menor. Es un asunto que conviene no olvidar”, arguye Maite Pozo. 

Sobre los trabajadores y los presos

Todos los juristas y expertos concluyen en que la ley, más allá de reformas, necesita de medios y profesionales para que se trabaje con eficacia. Una de las cosas que se echan en falta son cursos de formación: “Yo, en 34 años trabajando en Instituciones Penitenciarias, he recibido por parte de la Secretaría General un curso de reciclaje y un curso en prevención de incendios. No recibimos formación en autodefensa o en resolución de conflictos”, dice Jose Manuel Couso, portavoz del Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Fuente: www.publico.es/ (Fragmento de redacción propia)