Máster Gratuito en Marketing Digital

En seis años, solo 18 condenadas-madres pudieron regresar a su hogar para cuidar de sus hijos y casi la mitad de ellas terminó regresando a la cárcel. Proponen que la Dirección del Patronato del Liberado les brinde asistencia material y que se conforme una oficina interdisciplinaria para atender la problemática.

El régimen de prisión domiciliaria para las madres con hijos menores de cinco años a su cargo parece haber quedado a mitad de camino. La ley 26472, sancionada hace diez años, tenía como finalidad la de asegurar el interés superior del niño.


Lo que representó un avance en materia legislativa, en la práctica representó en Córdoba un beneficio al que pocas mujeres pueden acceder y otras pocas pueden sostener, una vez conseguida la domiciliaria.
Las causas de este fenómeno fueron abordadas en una reciente investigación encabezada por el camarista Daniel Cesano, ex juez de Ejecución de la ciudad de Córdoba, en el marco del libro Investigaciones aplicadas en el ámbito del Poder Judicial de Córdoba IV, que reúne seis trabajos desarrollados por magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de Córdoba.
El relevamiento indica que sólo 18 mujeres internas con hijos accedieron en el término de seis años -esto es entre 2010 y 2016- a la prisión domiciliaria. De este total, cuatro de cada diez casos terminaron con un incidente de revocación del beneficio, la mayoría por haber violado la restricción de salida del domicilio. El estudio aclara que del total de mujeres relevadas no se contó a aquellas internas que gozaban de ese beneficio antes de ser condenadas. No obstante, el número de internas con domiciliaria sigue resultando exiguo atento a la cantidad de mujeres detenidas en las cárceles de la provincia.

Impedimentos
Entre los escollos más complejos para acceder a la domiciliaria se encuentra la imposibilidad de las internas de fijar un nuevo domicilio. No hay que perder de vista que casi la mitad de las mujeres que se encuentran detenidas fue condenada por delitos relativos al narcomenudeo como, por ejemplo, la venta de estupefacientes que realizaban -precisamente-en su domicilio. Los jueces del fuero provincial son reacios a permitir que esas mujeres vuelvan al mismo lugar donde ejercían dicha actividad delictiva.
Para dimensionar la situación, hay que decir que se trata de jóvenes madres de entre 20 y 29 años que conforman hogares monoparentales a la hora de solicitar el régimen, que al momento de ser detenidas no contaban con un trabajo remunerado y su nivel de estudio apenas alcanzaba el primario. Atravesaban, además, situaciones de abandono y vulnerabilidad que las obligó a insertarse en un contexto delictivo.
En ese marco, cabe preguntarse qué posibilidad reales tienen estas mujeres de proponer una residencia de cumplimiento distinta, para acceder al régimen de prisión domiciliaria.

Flexibilizar las condiciones
El segundo gran problema que deja la normativa a medio camino está vinculado con el cumplimiento de las condiciones establecidas para el sostenimiento de la medida.
El estudio muestra de que en 38 por ciento de los casos los jueces terminan por revocar el beneficio. La investigación advierte sobre la necesidad de flexibilizar de este instituto. “Las mujeres necesitan salir del domicilio a trabajar o a estudiar para generar sus propios medios”, destacan los investigadores.
“Está claro que el bienestar no sólo refiere a un cuidado afectivo dado por su progenitora, sino que es un niño que requiere de cuidados materiales tales como vestimenta, debida alimentación, atención médica adecuada, etcétera. En relación con ello, ¿quién es el encargado de brindárselos al niño?”, plantea la investigación.

Propuestas
La solución no es sencilla y necesita de un trabajo interdisciplinario. El estudio propone que el Patronato de Liberados o el Ministerio de Desarrollo brinde una efectiva asistencia material, o bien posibilidades de acceder a programas que capaciten a estas mujeres, dotándolas de herramientas que les permitan, en un futuro inmediato, generar sus propios ingresos y así cubrir las necesidades personales y de su hijo.
Advierten, a su vez, sobre la necesidad de crear una oficina de intervención conjunta de defensores, psicólogos y trabajadores sociales para las mujeres procesadas y condenadas, durante el proceso judicial, que les garantice el acceso a la Justicia. Se trata de un espacio que sirva de apoyo y acompañamiento legal y psicosocial a los fines de una representación más eficaz de los derechos de las mujeres embarazadas o con hijas o hijos de corta edad y fortalecer sus vínculos.
“El objeto de esta oficina de profesionales sería visualizar e identificar la problemática en la que se encuentra incursa esta mujer y los factores que serían beneficiosos para ella, en el otorgamiento de la prisión domiciliaria”, agregaron los investigadores.

FUENTE: Comercio y Justicia,
redacción: Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info