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En el país hay aproximadamente 146.112 niños, niñas y adolescentes que viven en hogares en los que hay algún miembro de la familia en prisión. Este no es un dato oficial, ya que el Estado nunca los relevó sino que surge de un estudio del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA junto a la oficina regional para América Latina y el Caribe Church World Service (CWS).

“Hay una ausencia total de datos oficiales y no hay un sistema de alarma ni un lugar que se ocupe de estos chicos”, sintetizó en una conferencia para periodistas Luciano Cadoni, oficial de Programas de Protección de los Derechos de la Niñez de CWS.

Estos niños y adolescentes (NNAPES como los denomina el estudio) se ven afectados directamente por esta situación y sus indicadores de vida son significativamente peores en comparación con los de los chicos que no tienen familiares en el sistema penal:

  • Los índices de pobreza afectan al 68,9% de los chicos con un familiar en prisión contra el 57,1% que no los tiene
  • El 67,7% de los NNAPES carece de cobertura de salud más allá de un hospital público, siete puntos arriba del resto de los niños
  • El 19,2% de los NNAPES asiste al colegio con sobreedad, contra el 12,7% del resto de los chicos. Esto quiere decir que están al menos un año por debajo de lo que les correspondería. El 23,5% repitió.
  • El 37,3% de los chicos que viven en hogares en donde hay un familiar detenido sufre agresión física en su casa. Es 14% más que el resto de los menores.

El gran problema que señalaron los expertos es que el Estado no trabaja con esta población de chicos afectados cuando su familiar se va a prisión, como tampoco lo hace cuando vuelve a incorporarse al hogar.

Cadoni aseguró que no cree que hagan falta políticas públicas específicas sino aceitar los mecanismos existentes: por ejemplo que el ministerio de Justicia le pregunte a los presos que ingresan si tienen hijos y con quién quedaron para poder ocuparse de ello. La falta de un defensor del niño (nunca se nombró desde que se creó el cargo) también es una falencia grave del sistema.

Fuente: Redacción por Agustina Lopez para www.a24.com