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En el Día Mundial de la Justicia Social, la WOLA, la PPN y RESET Política de Drogas y Derechos Humanos lanzaron una campaña para exigir políticas de drogas con perspectiva de género y derechos humanos en América Latina.

En los últimos siete años el encarcelamiento de mujeres en el mundo aumentó un 53 por ciento. La causa principal son los delitos de drogas menores y no violentos. Ese encarcelamiento masivo tiene un impacto negativo en sus familias y comunidades: el 87 por ciento tienen a su cargo el cuidado de sus hijos e hijas y personas mayores.

En conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social la organización Washington Office on Latin America (WOLA), la Procuración Penitenciaria de la Nación y RESET Política de Drogas y Derechos Humanos lanzaron una campaña para exigir políticas de drogas con perspectiva de género y derechos humanos en América Latina.

“La mayoría de estas mujeres vienen de situaciones de vulnerabilidad, de pobreza y la gran mayoría son responsables del cuidado de sus hijos e hijas. Un número importante son madres solteras”, explicó la experta en política internacional de drogas Coletta Youngers, integrante de WOLA. “Entrar en el negocio de las drogas, transportando o vendiendo pequeñas cantidades, puede ser una buena manera de combinar sus responsabilidades como cuidadoras con la necesidad de poner comida en la mesa para sus hijos y hijas”. En otros casos, explicó, las mujeres entran en un negocio familiar o son coaccionadas por sus parejas.

Las políticas punitivas tienen un efecto devastador en las familias y comunidades de estas mujeres. “Para muchas madres, es un drama encontrar un sitio para sus hijos e hijas mientras están en la cárcel”. Para ellas, el estigma de la prisión es aún mayor que para los hombres, porque se considera que traicionaron su rol de madres. “Muchas veces son rechazadas por sus propias familias. Los hijos y las hijas también enfrenten esta estigmatización y terminan en situaciones de pobreza peor que antes”, contó Youngers.

Una política de drogas con perspectiva de género

“Una política de drogas con perspectiva de género implica una mirada que dé cuenta de las características de esas mujeres, la condición de vulnerabilidad, a veces es mayor el daño que causa el ingreso de estas mujeres a prisión que el supuesto daño cometido”, explicó María Santos, responsable del Proyecto de Visibilización del Impacto de las Políticas de Drogas de la Procuración Penitenciaria de la Nación.

“Las políticas de drogas que no tienen perspectiva de género terminan criminalizando más a las mujeres cis y trans”, explicó Santos. Las causas de este mayor impacto tiene que ver con “la feminización de la pobreza, la desigualdad y las asimetrías de las relaciones de género que son una constante permanente en la vida de estas mujeres”.

Entre las reformas urgentes, las organizaciones destacan la descriminalización del consumo, la proporcionalidad de las penas, que se eliminen las penas mínimas obligatorias y la posibilidad de la excarcelación. “Debemos analizar todas las políticas de drogas desde la perspectiva del impacto de estas políticas en mujeres, jóvenes, personas LGBTQIA, personas trans, etc”, explicó Youngers.

“En principio apuntamos a un cambio de paradigma general no punitivista y no prohibicionista”, dijo Santos. Este cambio, explicó, debe ser abordado en dos etapas. En primer lugar se debería tener en cuenta la feminización de la pobreza y brindar recursos para las mujeres que terminan involucrándose en el negocio del tráfico de drogas. “Hay que implementar políticas que promuevan el desarrollo económico, para que el negocio de las drogas no sea la mejor opción para sobrevivir. Todas merecen vivir una vida digna”, dijo Youngers.

En segundo lugar, una vez que las mujeres son criminalizadas, se deberían tener en cuenta alternativas al encarcelamiento y establecer un sistema de penas proporcional a los delitos cometidos: la gran mayoría están detenidas por delitos no violentos, por transportar o vender drogas en pequeñas cantidades. “Está naturalizado que se castigue con penas elevadas a los delitos de drogas sin tomar en cuenta que la mayoría de estas personas son actores menores del tráfico, que no reflejan el nivel de autoría ni las circunstancias, a menudo dictadas por necesidades económicas”, explicó Santos.

El techo o límite para el mercado de drogas, dice Arduino, “no es la cárcel, sino poner en entredicho la ilegalidad en la que se lo mantiene”. Antes que narcos esas mujeres son “trabajadoras esclavizadas en una industria floreciente”.

Fuente: Cosecha Roja

Foto: PROCUVIN