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Esta semana comienza el debate sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil. El ajuste recrudece la miseria y las políticas represivas contra la juventud pobre. Pero esto no es nuevo.

Esta semana comienzan las audiencias públicas en la Cámara de Diputados, donde el centro del debate será la reforma del Régimen Penal Juvenil, propuesta a través de un proyecto del Poder Ejecutivo. En el temario, serán consideradas también las iniciativas de diputados y diputadas de distintos bloques.

La reforma a este Régimen ya de por sí reaccionario, tiene como uno de sus puntos centrales la baja de edad de imputabilidad, ampliando los alcances de las políticas de criminalización, judicialización y represión sobre la juventud. En particular, la juventud pobre.

Pobreza, represión y encierro son una realidad que pega de frente sobre una amplia franja de la población que transita la niñez, la adolescencia y la juventud en condiciones de extrema precariedad, sin educación, sin salud, sin derecho al ocio, sin trabajo. Los números de esa realidad no dejan de sorprender.

Ser joven y pobre

Las cifras son alarmantes. Detrás de esos números son millones los niños, niñas y adolescentes que sufren en carne propia las consecuencias del brutal ajuste en curso.

Casi la mitad de esa franja de la población vive bajo la línea de pobreza: 5,5 millones, que equivalen al 42 % del total.

Entre los menores de 18 años, la pobreza alcanza al 48 %. Y son 6,5 millones las niñas y los niños con problemas de educación, hábitat, salud y vivienda, entre otras necesidades básicas. Es sobre esa población, sobre todo sobre sus eslabones más débiles, que el Estado descarga, además, toda su afán criminalizador. El gatillo fácil, 
las detenciones porque sí, los procesos judiciales sin mayor sustento que la discreción de los funcionarios, la tortura y hasta la muerte son la postal cotidiana de quienes deberían tener todo el futuro por delante.

Otro de los puntos más graves de la reforma del Régimen Penal Juvenil es que faculta la prisión preventiva para todos los jóvenes imputados de cualquier provincia. En Provincia de Buenos Aires el máximo actualmente es de 360 días y en Ciudad de Buenos Aires es de 90 días. El proyecto establece un aumento brutal: la prisión preventiva podrá ser de un máximo de 2 años.

Fuente: Redacción de Andrea López (CeProDH) para La Izquierda Diario